- El presunto responsable permanecerá en prisión preventiva; juez fija dos meses para cierre de investigación
Luis Gerardo “N”, alias “Mando”, quien se desempeñaba como policía municipal de Toluca fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, luego de que un juez determinó que existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal en su contra.
El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, donde permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras avanza la investigación complementaria.
¿De qué se le acusa?
De acuerdo con la indagatoria, el 26 de noviembre de 2025, el ahora imputado habría participado junto con otros sujetos en la privación de la libertad de una persona, a quien mantuvieron cautiva a bordo de un vehículo.
Según la carpeta de investigación, los agresores se identificaron como integrantes de la Familia Michoacana, portaban armas de fuego y ejercieron amenazas y violencia física para exigir a la víctima el pago de una cuota por continuar con su actividad comercial.
Durante el hecho, la víctima fue despojada de 35 mil pesos y posteriormente liberada, tras lo cual se iniciaron las investigaciones que derivaron en la identificación del elemento policial como probable responsable.
¿Qué resolvió el juez?
Tras la presentación de datos de prueba por parte del Ministerio Público, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
En este periodo, la Fiscalía continuará con la integración del caso, mientras el imputado permanece en prisión preventiva en el penal de Santiaguito.
¿Tiene otras acusaciones?
La Fiscalía estatal señaló que el detenido podría tener relación con una banda dedicada al robo a casa habitación que opera en Toluca y Metepec, a la cual presuntamente brindaba apoyo mediante vigilancia y monitoreo, aprovechando su cargo dentro de la corporación municipal.
El caso se enmarca en acciones derivadas de la Operación Enjambre, estrategia enfocada en desarticular redes delictivas con posibles vínculos institucionales.
De ser declarado responsable, el imputado podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión, aunque se mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria.